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domingo, 26 de febrero de 2012

Los ayuntamientos y las Comunidades autónomas pagarán sus deudas, pero con “espera” y quizá con “quita”, ¿Qué nombre tiene eso?


Recordar, solo recordar que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tarda 884 en pagar a las farmacias según un informe del Instituto para el Desarrollo de Integración en Sanidad.

Según la misma fuente las empresas que más tardan en cobrar son las relacionadas con tecnología sanitaria, los mayores retrasos son:
-        Comunidad Valenciana: 841 días.
-        Cantabria: 742 días.
-        Andalucía: 713 días.
-        Castilla-La Mancha: 707 días
-        Murcia: 693 días.
Y no hace falta que sigamos más. Únicamente añadir que el plazo medio de pago del sector público al privado sanitario era en 2010 de 283,2 días y en 2011 ha pasado a ser 457,7 días.  ¿Este dato a que huele?
Recordar también que la Ley15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operacionescomerciales, impone para las Administraciones Públicas un plazo máximo de pago de 50 días para 2011 y 40 días para 2012.
¿Qué es lo que está pasando?, ¿recuerda esto a los problemas de Grecia con sus socios europeos?.
Pues hay que decir que las Administraciones Públicas, tienen que pagar intereses de demora. Actualmente se sitúan en el 8 %, lo cual le está costando al presupuesto para el conjunto de la Administración más de 3.000 millones solamente de los intereses generados por el retraso en los pagos.
               Ya puede el Gobierno ir tomando medidas. Incluso he leído que “Las empresas aceptan unaquita de 3.000 millones para cobrar del sector público
En definitiva, los primeros en incumplir, con creces, la Ley de Morosidad son las instituciones públicas, tienen una deuda creciente, con intereses incluidos. Se está produciendo una “espera” en los pagos, digamos “superespera”, los acreedores están dispuestos a aceptar una “quita”.
Yo, viendo el tema desde el punto de vista empresarial, creo que el proyecto de Ley que prepara el Gobierno es una especie de “plan de viabilidad de la empresa” (empresa pública), llámese como se quiera. En condiciones normales este plan de viabilidad debería ser aprobado por el conjunto de los acreedores, para que la empresa pudiera seguir. También se prevé una “quita”, y me pregunto:
¿Tendrán que aprobar este “plan de viabilidad” los acreedores?,  ¿y si no lo hacen?
¿A que les suena todo esto?, ¿Cómo se llama esta situación en el ámbito empresarial?. Se lo voy a decir a Vds.: “Concurso de acreedores”.
               Esperemos y confiemos que esta “empresa” pueda seguir con su actividad.
               Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer

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