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miércoles, 16 de marzo de 2011

¿Podrá la administración pública cubrir los plazos de pago establecidos en la Ley?

Sabemos que la Ley 15/2010, de 5 de julio de 5 de julio, modificó de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y se establecieron nuevas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, entre ellas los plazos máximos de pagos a proveedores por parte de las empresas y de la Administración Pública, sin que puedan acordarse plazos distintos.

Estos plazos son:

CALENDARIO TRANSITORIO DE APLICACIÓN PLAZO DE PAGO LEY 15/2010

                               2010      2011     2012     2013
Administración            55          50        40         30
Empresas                    85          85        75         60
De tal modo que para el ejercicio 2010 se establece en 85 días para las empresas y en 55 para la Administración Pública.

En el cierre de 2010, se obliga a las empresas a incluir una nota en la memoria sobre el cumplimiento de estos plazos.

Pues muy bien, podemos leer en cincodias.com, que el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), calificó de "cáncer" para la economía la fuerte demora en los plazos de pago de las Administraciones públicas. "El sector público tiene que dejar de financiarse a costa de las pymes y debe ser consciente de que debe cumplir con los plazos fijados por ley".
Según el estudio realizado por la Plataforma, el plazo de cobro medio real del sector público ha subido de 154 a 157 días en 2010, lo que supone una diferencia de 107 días respecto a lo fijado por la norma (55 días) para este año.
Todo lo contrario que en el caso de las empresas, que han reducido en ocho días (de 101 a 93) el plazo de cobro de las facturas respecto a sus proveedores y tan solo se quedan a ocho días del plazo legal (85 días). "Esta rebaja significa que el sector privado sí está haciendo frente al nuevo marco regulatorio y está aportando financiación al tejido empresarial".
Según los cálculos de la plataforma el recorte de ocho días, "que marca una tendencia a seguir", inyectará más de 1.800 millones a las pymes. La tasa de morosidad (impagos sobre total de facturación) se elevó al 5,1%, una décima más que en 2009.

En definitiva, que según parece las empresas están haciendo sus deberes, mientras que la Administración Pública sigue sin hacerlos, más bien al contrario, están aumentando la tasa de morosidad a 107 días más tarde de lo establecido en las normas.

¿Cómo podemos tomarnos esto en serio, si quien incumple es quien debería dar ejemplo?.

Una vez más se cumple lo de “si para ti, pero no para mí”. Será difícil salir con actuaciones como esta de la crisis financiera.

Un cordial saludo

Gregorio Labatut Serer

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