Quizá haya pasado desapercibido
pero la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas,
en su artículo 11, dice lo siguiente:
“Artículo 11 Modificación de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, queda modificada en los2siguientes
términos: Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 bis al artículo 13, con la
siguiente redacción:
«3 bis. Para subvenciones de
importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, no podrán
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas que
incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley.
Esta circunstancia se acreditará por parte de las sociedades que,
de acuerdo con la normativa contable, puedan
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con lo
previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta ley. Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no
puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la
necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante
certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa
cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de
la empresa proveedora.»
En definitiva, a partir del 19 de
octubre de 2022, fecha de entrada en vigor de la Ley crea y crece, en la solicitud
de las subvenciones habrá que acreditar que se cumple con Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
En dicha ley se indica que el
plazo máximo de pago se establece en 30 días naturales desde la fecha de
recepción de las mercancías o la prestación del servicio, aunque puede
incrementarse hasta 60 días si existe acuerdo pactado entre las partes.
Con esta medida, nos encontramos
con varios problemas:
1. Las
empresas que incumplan estos plazos (aunque solamente sea en una factura) no
podrán tener la condición de beneficiario de las subvenciones.
2. Normalmente,
las empresas que solicitan subvenciones son empresas con dificultades
financieras y, por lo tanto, puede ser frecuente que no puedan cumplir con la
ley de morosidad.
3. La
dificultad de poder acreditar el cumplimiento, puesto que, de momento, yo no
tengo conocimiento de que existan aplicaciones informáticas que lo permitan.
4. El
papel del auditor de cuentas. Ante la ausencia de programas informáticos que
puedan verificar el cumplimiento de esta exigencia, van a tener casi imposible
poder realizar estas acreditaciones.
5. La
fecha de aplicación es a partir del 19 de octubre de 2022, fecha de entrada en
vigor de la Ley crea y crece, pero existen dudas sobre si se encuentran incluidas
las ayudas ya concedidas pero pendientes de ejecución de la actividad
subvencionadas, subvenciones ya solicitadas y pendientes de resolución y las
convocatorias abiertas y pendientes de plazo de presentación.
Conclusión, las preguntas son:
1. ¿Era
necesario esto?
2. Esta
medida ¿va a facilitar el acceso a las subvenciones por parte de las empresas
con problemas financieros?
3. ¿Qué
se pretende con todo esto?
Un saludo cordial para todos los
amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Director de los siguientes títulos propios de la
Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universidad de Valencia Curso
2023/2024:
Diploma de Especialización en Auditoría de
Cuentas. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al
ROAC. Online. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/auditoria-cuentas/datos_generales.htm
Diploma de Especialización en Experto Contable
con ERP. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al
ROAC. Homologado para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También
ha conseguido la máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de
AECE y AECA. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/experto-contable/datos_generales.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xhO1WE5c-To
https://www.youtube.com/watch?v=j2VKx2SB70w
Diploma de Especialización en
Gestión financiera y contable de la Pyme con ERP. Online. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/gestion-financiera-pyme/datos_generales.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AW9QcBadVp8
https://www.youtube.com/watch?v=cCv0h8W7Igw
MICROCREDENCIAL UNIVERDITARIA EN
TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Y PLANES DE VIABILIDAD. Online. Homologado
por el ICAC como formación obligatoria acceso al ROAC. https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/23127110/datos_generales.htm
La introducción del artículo 11 en la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, que modifica la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establece que las empresas que incumplen los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones de importe superior a 30.000 euros. Aunque pueda haber algunas dudas y dificultades para acreditar el cumplimiento de esta exigencia, esta medida es necesaria, las empresas deben cumplir con las leyes y, en este caso, se trata de una ley que tiene como objetivo proteger a los proveedores frente a los impagos y mejorar la eficiencia económica.
ResponderEliminarPor su parte, esta medida no va a facilitar el acceso a las subvenciones por parte de las empresas con problemas financieros, pero sí va a fomentar el cumplimiento de la Ley 3/2004 y la reducción de los plazos de pago a los proveedores, lo que puede mejorar su situación financiera a largo plazo.
Además, esta medida puede contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas y a la reducción de la morosidad, lo que puede ser beneficioso para la economía en general.
En resumen, aunque pueda haber algunos problemas para acreditar el cumplimiento de esta exigencia, la medida es necesaria y puede tener beneficios a largo plazo para las empresas y la economía en general.
Entiendo que esta nueva ley se aprobó con la finalidad de reducir los impagos de las empresas, pero desconozco la efectividad que tendrá dicha medida. Es cierto que la ley intenta fomentar el cumplimiento de la ley de morosidad y pretende proteger a las empresas proveedoras que pueden verse afectadas por estos retrasos en los pagos. La morosidad es muy peligrosa si se empieza a hacer lo común, por eso es un problema que se debe eliminar, si yo soy una empresa que necesito cobrar una factura para poder pagar otras y no me pagan puede que deje de pagar yo también a las empresas a las que les debo dinero, y estas lo mismo, formando una bola de nieve muy peligrosa.
ResponderEliminarAunque como comentas puede ser injusto que por un impago puntual de una sola factura no puedas acceder a una subvención, además las subvenciones que se dan a empresas con dificultades financieras podrían dejar de llegar, haciendo la situación más complicada que de partida.
La intención de la ley es buena, pero habrá que analizar si cumple el efecto deseado o si hay una mejor manera de acabar con la morosidad que esta.
Este artículo trata la ley de solicitud de subvenciones entrada en vigor a partir del 19 de octubre de 2022, la cual establece que no se podrá ser beneficiario de ayudas que superen los 30.000 euros si se incumplen los plazos previstos en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Una solicitud de subvención es un documento escrito mediante el cual una empresa o un individuo solicita una cantidad de dinero para resolver un problema o necesidad.
ResponderEliminarEsta medida dificultará el acceso a subvenciones por parte de las empresas con problemas financieros, aunque resultará beneficiosa para los proveedores, puesto que se reducirá su periodo medio de pago (el cual se reflejará en la memoria de sus cuentas anuales).
En mi opinión pienso que, a pesar de las dificultades que se pueden plantear, la nueva normativa favorecerá el crecimiento empresarial del país, ya que reducirá la morosidad comercial y el apoyo financiero.
El gobierno de España, siguiendo con la iniciativa de la Unión Europea de recuperar las economías de sus Estados miembros con ayuda de los Fondos NextGenerationEU, ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre los objetivos del cual se encuentra la creación de un marco jurídico que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento. En ese sentido, se ha aprobado la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (conocida como Ley crea y crece), que pretende facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los impedimentos con los que cuentan las empresas ya existentes durante su proceso de crecimiento, en especial en cuanto a los problemas financieros que demoran su evolución.
ResponderEliminarSin embargo, una de las medidas introducidas por esta Ley parece contradictoria precisamente con su objetivo: mediante su artículo 11 se modifica la LGS, añadiendo un nuevo apartado a su artículo 13, por el que se establece que de ahora en adelante para que una empresa incluida en el ámbito de aplicación de la Ley contra la morosidad esté en condiciones de recibir subvenciones por importe superior a 30.000 euros, será necesario que la misma acredite que cumple con el plazo máximo de pago de 30 días naturales desde la fecha de recepción de mercancías o prestación del servicio (ampliable hasta 60 días en caso de acuerdo entre las partes).
Así, siendo conscientes de la importancia de la lucha contra la morosidad, esta medida parece no integrarse con el objetivo principal de la nueva Ley. Dicha falta de coordinación se observa en el hecho de que los beneficiarios de subvenciones de más de 30.000 euros suelen ser pequeñas empresas, normalmente con problemas financieros, cuya capacidad de respuesta para atender al pago de deuda corriente acostumbra a ser muy reducida (la mayoría presentan ratios de tesorería o disponibilidad ordinaria por debajo del 10%). En estas condiciones, lo más habitual es que dichas empresas no cumplan con el plazo legal de pago de 30 días naturales, incluso prorrogado a 60 días. Por tanto, esta medida parece dificultar el acceso de las pymes a las mencionadas subvenciones, al añadir un requisito más para poder ser beneficiarias de las mismas.
En definitiva, pese a que es comprensible el deber del Estado de luchar contra la morosidad, tal vez no es el contexto idóneo ni la Ley crea y crece es la herramienta más adecuada para perseguir dicho objetivo, pues esa medida podría estar dificultando la consecución del principal objetivo de esta ley: la mejora del dinamismo empresarial.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEn cuanto a si era necesario introducir esta medida, eso dependerá de los objetivos y consideraciones de quienes la implementaron. La intención detrás de esta modificación en la Ley General de Subvenciones parece ser garantizar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. Si se considera importante promover el cumplimiento de estos plazos y evitar que empresas que incumplen reciban subvenciones, entonces la medida puede ser considerada necesaria.
ResponderEliminarEn cuanto a si esta medida facilitará el acceso a las subvenciones para empresas con problemas financieros, la respuesta es probablemente no. Dado que las empresas con dificultades financieras pueden tener más dificultades para cumplir con los plazos de pago establecidos, esta medida podría excluir a estas empresas de la condición de beneficiarios de las subvenciones. En lugar de facilitar su acceso, podría dificultarlo aún más.
El propósito de esta medida parece ser fomentar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. Al requerir que los solicitantes de subvenciones cumplan con estos plazos, se busca promover una cultura de pago puntual y evitar la morosidad en las transacciones comerciales. Esto puede tener como objetivo proteger a los proveedores y fortalecer la estabilidad financiera de las empresas.
El artículo de creación y crecimiento de empresa, y la ley General de Subvenciones es muy importante para que las empresas puedan obtener subvenciones, lo cual es una herramienta muy útil para las empresas que tengan las condiciones para obtenerlas. Pero me gustaría recalcar el articulo 11 de esta nueva ley que establece una condición para la obtención de subvenciones para empresas, ya que expresa claramente que no podrá obtener la subvención si no cumplen los plazos de pagos previstos, es una herramienta que puede servir para detectar si alguna empresa esta desaprovechando o utilizando erróneamente las subvenciones dispuestas.
ResponderEliminarEsto significa que las empresas que deseen obtener subvenciones tienen que indicar primero los plazos en los que están establecidos los pago conforme a la Ley 3/2004, dicha ley expresa que el plazo máximo de pago de estas subvenciones es de 30 días naturales.
Por último resaltar otra idea que es muy importante, esta modificación en la ley puede tener un gran impacto en las empresas que normalmente no cumplen con los plazos de pago a sus proveedores, y esto hace que no puedan obtener las subvenciones, por lo que perderán una fuente de financiación, es decir con esta modificación se quiere salvaguardar la compra-venta legitima, acto que debe ser real para la obtención de dicha subvención. Además, esto impulsaría a una mejorar en la "cultura del impago" que por desgracia existe en España y así fomentar la confianza y la estabilidad en las relaciones comerciales entre empresas.
Es cierto que para las empresas de reciente creación, puede ser más difícil cumplir con los plazos de pago establecidos por la Ley Crea y Crece, ya que pueden encontrarse con problemas de liquidez y gestión de tesorería en sus primeras etapas. Desde mi punto de vista, sería recomendable negociar desde un principio con los proveedores unos plazos realistas. Además, aunque esta condición, sin duda, dificulta la posibilidad de acceder a las subvenciones, cabe tener en cuenta que puede contribuir a mejorar la imagen y la reputación de las empresas que cumplen con sus obligaciones de pago, lo que puede generar un impacto positivo en su relación con proveedores, clientes y otros agentes del mercado.
ResponderEliminarLa mencionada Ley crea y crece, pone de manifiesto la tendencia legislativa que tiene por objeto la modernización del marco legislativo español y el ánimo de dinamizar el proceso de creación de empresas emergentes a través de la reducción de costes y agilización de los procesos de constitución.
ResponderEliminarComo consecuencia, es natural pensar que el objeto del nuevo apartado 3.bis del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que introduce a través de su artículo 11 y vincula el disfrute de las subvenciones al cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no facilita el acceso a las ayudas públicas por parte de empresas con problemas financieros.
La situación cobra especial gravedad si tenemos en cuenta que las empresas que solicitan subvenciones son empresas con dificultades financieras y, por lo tanto, puede ser frecuente que no puedan cumplir con la ley de morosidad. Si a esto le sumamos la dificultad para poder acreditar el cumplimiento de la ley de morosidad, a simple vista, esta medida no favorece el proceso de creación de las empresas que es el objetivo de la Ley que la instaura.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los fondos destinados a las subvenciones son limitados y es por ello por lo que el legislador, sin ánimo de entorpecer la razón de ser de la Ley crea y crece, en mi opinión, introduce medidas para la reducción de la morosidad comercial, para tratar de que las subvenciones sean disfrutadas por aquellas empresas que, a través de una gestión diligente de sus operaciones comerciales, sean capaces de respetar los periodos de pago que establece la ley.
Si consideramos que la ausencia de morosidad comercial de las empresas significa que estas presentan una estructura financiera más fuerte, podríamos decir que este nuevo apartado 13.bis vela porque las subvenciones sean disfrutadas y, en mayor medida aprovechadas, por aquellas empresas con más probabilidades de éxito a largo plazo.
Por último, las exigencias en la acreditación de que efectivamente se cumple con los requisitos que marca la Ley 3/2004 de morosidad, impulsan la trasparencia en los periodos de pago de las operaciones comerciales. Las empresas, a través de la elaboración del informe anual son más conscientes de su situación en relación con los plazos de pagos y puede tratar de evitar problemas futuros de morosidad.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarLa “Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas”, perteneciente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo principal paliar y combatir la morosidad en todo tipo de operaciones comerciales, así como también agilizar el proceso de creación y constitución de nuevas sociedades.
ResponderEliminarMediante la aplicación de la “Ley Crea y Crece”, se busca que las empresas no tengan problemas de liquidez que puedan restringir y frenar su desarrollo y crecimiento. Todo aquel que no cumpla este nuevo régimen no tendrá el derecho a acceder a ninguna subvención pública ni a la contratación pública.
No contentos con todo lo anterior, la “Ley Crea y Crece” incorpora, además, toda una serie de medidas encaminadas a luchar contra la morosidad, entre ellas:
- La imposición de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y profesionales facilitando el acceso a la información acerca de los plazos de pago.
- La presentación de la cuenta de perdidas y ganancias abreviada o, en su defecto, acreditarlo mediante certificación con auditor.
- La necesidad de incluir e informar en la memoria de las cuentas anuales acerca del volumen y número de las facturas pagadas sin exceder los pazos de la normativa.
No obstante, la pregunta que se hace gran parte de la población es “¿realmente era necesaria la aplicación de esta nueva ley?”. Si bien incluye aspectos positivos como son una mayor facilidad en la creación de las empresas y una disminución de la morosidad; dificulta, a su vez, el acceso a las subvenciones y a otros fondos europeos por parte de las empresas.
Este artículo me parece sumamente interesante, pues presenta de manera detallada una modificación importante en la Ley General de Subvenciones, que tiene como objetivo promover el cumplimiento de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta nueva disposición establece que las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004 no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones de importe superior a 30.000 euros. Esta medida es una buena noticia para los proveedores que sufren las consecuencias del incumplimiento de los plazos de pago por parte de las empresas.
ResponderEliminarLa introducción de esta nueva modificación es un paso importante en la dirección correcta para impulsar la cultura de cumplimiento de la ley de morosidad y fomentar así la transparencia en las operaciones comerciales entre empresas. Es cierto que esta nueva exigencia puede ser vista como una barrera para las empresas que buscan acceder a subvenciones, especialmente aquellas que tienen dificultades financieras, pero al mismo tiempo, esta medida promueve una cultura empresarial responsable y justa en cuanto a las obligaciones financieras.
Es cierto que aún existen algunos retos asociados con la aplicación práctica de esta medida. Por ejemplo, puede ser difícil para algunas empresas demostrar el cumplimiento de la ley en términos de plazos de pago, especialmente para aquellas que no tienen acceso a aplicaciones informáticas adecuadas. Además, el papel del auditor de cuentas es crucial en este proceso, y puede ser un desafío para ellos poder verificar el cumplimiento de esta exigencia sin los recursos tecnológicos adecuados.
A pesar de los retos asociados con su aplicación, la modificación en la Ley General de Subvenciones supone un paso muy importante para promover la transparencia, la responsabilidad empresarial y el compromiso en las operaciones comerciales
Este artículo es una reflexión interesante sobre una nueva medida que se ha implementado en España para facilitar el acceso a subvenciones comerciales. El autor tiene algunas preocupaciones sobre cómo esta medida afectaría a las empresas que buscan subvenciones y cómo los auditores de cuentas podrían verificar la aplicación de la ley de morosidad. El autor también plantea algunas preguntas críticas sobre la necesidad de esta medida y qué se espera lograr con ella.
ResponderEliminarEstos tipos de reflexiones a menudo son útiles para comprender mejor las implicaciones financieras y comerciales de las nuevas regulaciones y medidas gubernamentales. El autor ofrece una visión crítica y analítica de la situación, lo que puede ayudar a los lectores a comprender mejor los desafíos.
A partir del 19 de octubre de 2022, las empresas que soliciten subvenciones tendrán que acreditar que cumplen con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esto significa que si una empresa incumple los plazos de pago previstos en la ley, no podrá obtener la condición de beneficiario de las subvenciones.
ResponderEliminarAunque esta medida puede ser positiva para fomentar que las empresas cumplan con los plazos establecidos y luchar contra la morosidad, también tiene varios problemas.
La mayoría de las empresas que solicitan subvenciones, tienen dificultades financieras, y por tanto riesgo económico, y así no cumplir con la ley de morosidad. Además de eso, puede ser difícil acreditar el cumplimiento de la ley sin una aplicación que facilite y posibilite la acreditación de dicho cumplimiento.
El auditor de cuentas deberá emitir una certificación para acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago, lo que puede resultar difícil sin programas informáticos que verifiquen esta información, por lo tanto, de nuevo otro problema que se añade.
En definitiva, esta medida puede tener un impacto significativo en la concesión de subvenciones, y es importante estar informado sobre los requisitos que se deben cumplir para obtener estas ayudas.
A la pregunta de: "¿Qué se pretende hacer con esto?, la respuesta sería que se busca fomentar el cumplimiento de la ley de morosidad en las operaciones comerciales por parte de las empresas, estableciendo una condición para poder optar a las subvenciones. De esta manera, se busca proteger a los proveedores y mejorar la liquidez de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las más afectadas por los retrasos en los pagos.
Respecto a tu pregunta sobre si es necesaria esta ley yo pienso que sí ya que son medidas que forman parte de la política de transparencia y responsabilidad fiscal que promueven el buen gobierno corporativo y la sostenibilidad financiera en el sector empresarial.
ResponderEliminarCumplir con las obligaciones tributarias (pago de impuestos, tasas y contribuciones a la Administración Púbica) y las obligaciones frente a la Seguridad Social (pago de cotizaciones y aportaciones a la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores de las empresas) garantiza que las empresas cumple con sus obligaciones fiscales, sociales y laborales.
Además, cumplir con la Ley de Morosidad significa que las empresas deben respetar los plazos de pago establecidos en la ley y no retrasar el pago a sus proveedores sin motivo alguno. Este cumplimiento garantiza un equilibrio en las relaciones comerciales y promueve un entorno empresarial más justo y sostenible.
Es decir, cumplir con las obligaciones fiscales, sociales y comerciales es esencial para el buen gobierno corporativo y la sostenibilidad de las empresas en España y es una condición necesaria para poder recibir subvenciones públicas en el marco de la Ley 18/2022