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lunes, 19 de marzo de 2012

Se facilita la realización de fusiones y escisiones de empresas, adaptándolas a las Directivas de la Unión Europea.

El sábado día 17 de marzo se publicó en el BOE 66, el RealDecreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones deinformación y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.

Esta reforma se ha producido de forma urgente para adaptar la normativa española a las Directivas comunitarias y evitar, de este modo, posibles sanciones.

Efectivamente, en la exposición de motivos, puede leerse que “en los últimos años, la Unión Europea ha emprendido una política de simplificación del Derecho de las sociedades de capital, especialmente para la reducción de costes y la simplificación de cargas”

En esta línea de simplificación, corresponde la Directiva 2009/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE, del Consejo, y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.

La incorporación al Derecho español de las normas de la Directiva 2009/109/CE se ha traducido:

-         en primer lugar, con la modificación de la Ley de Sociedades de Capital a fin de añadir nuevas excepciones a la exigencia de informe de experto independiente para la valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima.

-        en segundo lugar, tras la modificación de algunos artículos de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles a fin de simplificar, conforme a lo establecido en esa Directiva respecto a las fusiones y escisiones.

En esta última línea, se simplifica en determinados casos el número o el contenido de los documentos que han de ser puestos a disposición de los socios y agiliza estas operaciones societarias encauzando la publicidad previa al acuerdo de fusión a través de la página web de las sociedades de capital como alternativa al depósito de los proyectos de fusión y de escisión en el registro mercantil. En la misma línea, prevé que, si el socio lo aceptara, las comunicaciones que tuviera que realizar la sociedad puedan efectuarse por medios electrónicos. De este modo, el real decreto-ley potencia la página web y las comunicaciones electrónicas.

En cuanto al derecho de los acreedores, el real decreto-ley amplía las posibilidades de acción de los acreedores en los casos en los que, no obstante la prohibición expresa de la ley, la fusión o la escisión se lleven a cabo sin la prestación de las garantías necesarias a favor del opositor. El real decreto-ley establece, que, si la fusión se hubiera llevado a cabo no obstante el ejercicio, en tiempo y forma, del derecho de oposición, sin prestación de garantía por parte de la sociedad, el acreedor puede solicitar del Registro Mercantil que, por nota al margen de la inscripción practicada, se haga constar el ejercicio de ese derecho, permitiendo que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de esta nota marginal, pueda presentar demanda ante el Juzgado de lo Mercantil contra la sociedad absorbente o contra la nueva sociedad solicitando la prestación de garantía del pago del crédito.

Finalmente, el real decreto-ley modifica la redacción de las normas contenidas en la Ley de modificaciones estructurales relativas al derecho de separación de los socios en caso de fusión transfronteriza y en caso de traslado al extranjero del domicilio social.

Un saludo cordial para todos los amables lectores.

Gregorio Labatut Serer


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